La Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, aprobada en el 2008, define la violencia psicológica o emocional como “acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, sus hijas o hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, hijos u otros familiares, con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla”.
Este tipo de violencia está tipificado como delito y penado en el artículo 7 de dicha ley, en el cual se establece que la persona responsable del agravio de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con un tiempo de cinco a ocho años de prisión. Sin embargo, en la normativa se califica la falta como una modalidad de la violencia contra la mujer, no como un delito individual como lo es el femicidio, por ejemplo.
De acuerdo con Jessica López, licenciada en Ciencias Jurídicas, esto no impide que la violencia psicológica se persiga, aunque deja muchos vacíos al momento de tener que comprobar que se cometió el delito y abre el espacio a una interpretación subjetiva de las pruebas por parte del juez. Además, al no ser un delito individual, tampoco existen procedimientos concretos para otorgar una reparación digna a la víctima.
“Una buena redacción de la ley, que valide el aspecto psicológico y que ponga a la salud mental primero, le estaría dando a las víctimas la seguridad de que la misma ley las protege”, asegura Jessica López.
Las publicaciones de sentencias del MP, que están disponibles en la página web del Observatorio de la Mujer, muestran que el 20 de junio de 2023 se condenó en Santa Lucía Milpas Altas a Gilmar Enrique Jiménez Sazo por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Por cometer el delito durante dos años, del 2018 al 2020, se le otorgó una sentencia en primer grado de seis años de prisión inconmutables, y la reparación digna que se otorgó a la víctima fue de Q7 mil.
A pesar de ser una ley relativamente nueva, con el transcurso del tiempo y circunstancias la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra La Mujer ha quedado desactualizada. De acuerdo con la abogada López, es necesario que la legislación actual se renueve, pues afirma que “los seres humanos cambian y los derechos se van reconociendo con el tiempo; siempre los hemos tenido, pero son progresivos”.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez de la bancada Winaq concuerda con que esta ley, que es la principal protección legal que tienen las mujeres víctimas de violencia psicológica en Guatemala, debe actualizarse y ser complementada con nuevas leyes que comprendan mejores especificaciones. Sin embargo, opina que los esfuerzos de parte del poder legislativo son escasos.
“Es una ley que no pasa de dos décadas y eso significa que aún no hay un compromiso por parte del Estado con respecto a estos temas. Si no hay atención y prioridad, erradicar la violencia contra la mujer es mucho más difícil”, comparte Sonia Gutiérrez.
Dentro de los últimos avances realizados con respecto a garantizar la seguridad psicológica de la mujer está la presentación al pleno del Congreso de la República de Guatemala de la Ley para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Sexual y Psicológica de la Mujer Dentro de Instituciones Públicas. Dicha iniciativa fue propuesta en el 2021 por las diputadas Sofia Jeanetth Hernández, Ana Lucrecia Marroquín, Marleni Lineth Matías y Sandra Patricia Sandoval.
Pese a que aún no ha sido aprobada, dicha ley propone crear unidades de atención a la mujer que han sido agredidas sexual o psicológicamente dentro del área laboral en el que se desempeñan, pero únicamente en establecimientos públicos. Lo cual beneficiaría, según el Censo Nacional del Recurso Humano de 2019, únicamente a 146 mil 806 mujeres que trabajan en el Estado dentro de todo el territorio nacional.
En el momento en que una mujer se da cuenta de que ha sido violentada psicológicamente y decide poner una denuncia, es importante que sepa hacia dónde dirigirse. Hoy, existen varias fundaciones u organizaciones de apoyo, instituciones y delegaciones públicas a donde abocarse para actuar de manera legal y buscar justicia.
Las víctimas pueden presentarse directamente ya sea a la sede central del MP ubicada en el Barrio Gerona, zona 1 de la ciudad capital, o a alguna de sus delegaciones situadas en los departamentos. También, existe la opción de que se aproximen a las oficinas de atención al damnificado como el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (Instituto de la Víctima), el Modelo de Atención Integral de la Mujer, Policía Nacional Civil, entre otras que se albergan bajo el abrigo del MP.
El MP, como parte de la administración pública, tiene asignado un monto de Q4 millardos 90 millones 90 mil 524 dentro del Presupuesto General 2023. De esta cantidad, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) el programa con menos fondos es el de la Atención Integral a Víctimas del Delito, que incluye las Oficinas de Atención a la Víctima, el Modelo de Atención Integral y en las Fiscalías de dicha institución, con sólo el 0.16% (Q6,673,982.00).
Por el contrario, el programa de Persecución Penal Pública es el que mayor estimación tiene, con un 65% (Q2,654,573,729.00) del total del presupuesto. Dicho apartado tiene subprogramas dentro de los cuales está el de Investigación Penal Pública, Mujeres Víctimas, que según los registros es el penúltimo en cuanto a destinación de recursos, con tan solo el 8% (Q217,037,729.00) del total.
Otro dato que llama la atención, de acuerdo con los datos publicados en Guatecompras, es que el MP cuenta con 83 unidades habilitadas para hacer compras, contratar servicios y adjudicar cotizaciones y licitaciones. Sin embargo, la Fiscalía de la Mujer no es una de ellas, lo que quiere decir que como oficina no pueden realizar ninguna compra de manera independiente, si no es a través de otra unidad que implica un proceso burocrático.
Sin embargo, dentro de los avances presupuestarios evidentes está que el Instituto de la Víctima, tuvo un incremento de Q5 millones durante el 2023 con respecto al 2022, logrando sumar un total de Q55 millones para este año. De este total, el monto se divide en dos programas: 52% para Asistencia y Atención a la Víctima del Delito y 48% para Actividades Centrales.
Dicho instituto, inaugurado en 2019, funciona como una oficina en donde además de poner denuncias también se puede recibir atención psicológica y asesoría legal. Tan solo en el 2022 el personal de la entidad realizó 240 informes psicológicos y se admitieron la siguiente cantidad de casos referentes a violencia psicológica:
A pesar de que en sus casi cuatro años de funcionamiento han recibido más presupuesto, el número de denuncias apenas representa el 11.45% del total de denuncias (2,339) en el departamento de Guatemala. Y, cabe resaltar que en Guatecompras consta que desde el 2020 tiene 86 adjudicaciones por un monto de Q15 millones 814 mil 98, de las cuales la mayoría son compras de insumos de oficina, arrendamiento y un boleto de avión, ida y vuelva, a Viena, Austria por Q17 mil 426.
La diputada Sonia Gutiérrez indica que, en caso de fiscalización que está realizando actualmente, identificó que a los centros de atención de violencia contra la mujer del MAIMI se les otorgaron Q25 millones de presupuesto, pero no han recibido ninguna parte de ese monto.
“¿Qué prioridad tiene este gobierno si el Congreso pudo asignar a la fuerza esa cantidad presupuestaria pero no se entrega ningún porcentaje del monto total?”, afirmó la congresista.
